viernes, 28 de julio de 2017

¿PORQUÉ DEFENDER ESTA PSEUDODEMOCRACIA?



¿CUÁL DEMOCRACIA?

Etimológicamente la palabra democracia se compone de formantes provenientes del griego, que significan “gobierno” y “pueblo”. PODER DEL PUEBLO. Aplicando su significado a un punto filosófico es un sistema socio económico y político de hombre igual y libre ante la ley.
PRINCIPIOS DE UNA DEMOCRACIA: Para que pueda existir una democracia es imprescindible que se cumplan ciertos principios como:
La igualdad, exige que los ciudadanos sean tratados por igual tanto en sus deberes como en sus oportunidades. 
La soberanía popular, asegura que todos tienen derechos y que pueden responder inteligentemente a los organismos instituidos sin desobedecer.
La libertad, que se interpreta como el derecho que toda persona tiene a obrar por sí misma sea de una forma jurídica o individual. 
TIPOS DE DEMOCRACIA.
Democracia Directa Es aquella por medio de la cual los ciudadanos intervienen de forma directa en la toma de decisiones en asambleas o reuniones. Este tipo de democracia es utilizada en pequeñas comunidades y también se le conoce como democracia pura.
Democracia indirecta Conocida también como democracia representativa, en esta solo un grupo de personas que son reconocidas ante la comunidad como representantes legítimos son las que tienen el poder de la toma de decisiones.
Democracia Participativa  Es aquella que mediante Instituciones gubernamentales, hace partícipe a la ciudadanía de la toma de decisiones de una manera organizada. El pueblo se expresa en cuatro mecanismos: plebiscito, referéndum, destitución popular e iniciativa popular.
Democracia Representativa Es aquella que por medio de la elección se escoge un representante  por medio del voto que intervendrán en la toma de decisiones de un pueblo. Este tipo de democracia va ligada con el tema electoral. Estas pueden ser presidencialistas,  parlamentarias y colegiadas.

ENTONCES ¿QUÉ ES UN GOBIERNO DEMOCRÁTICO?
Es aquel que por medio de la democracia, permite a los ciudadanos formar parte de la toma de decisiones en el gobierno. La democracia es una forma de gobierno que se caracteriza por hacer recaer el poder sobre la población. Este planteo significa que las direcciones que toma un grupo social se sustentan en la voluntad de la MAYORÍA.
DERECHO A ELEGIR Y SER ELEGIDO 
Toda persona, LEGALMENTE CAPACITADA, tiene derecho a tomar parte en el gobierno de su país directamente o por medio de Representantes. Construir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna, postularse para cargos públicos de elección popular siempre y cuando cumplan con los requisitos de ciudadanía, edad y residencia, EN IGUALDAD DE CONDICIONES. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación ejercicio y control del poder político

Hace mucho tiempo,  en nuestro planeta, los dueños del mundo están trabajando para el dominio total de la mente humana, y  hace unos años, estos metalistas comenzaron a hablar de la instauración de un Gobierno Global. Sin dudas, desde 1993 este proceso de globalización se ha implantado en el Perú. Con una Constitución Política que a los peruanos nos está transformando en hombres o mujeres menos humanos.

OPINIÓN
De acuerdo a las definiciones y conceptos leídos anteriormente, se entiende que desde que nace la democracia como sistema, pese a la evolución, el problema por el cual no pudo ser bien aplicada es por la exclusión. Hoy, tres mil años después, con un gran avance en lo científico y en lo cultural, seguimos exactamente con el mismo problema, seguimos con los excluidos. Entonces claro está que para la existencia de este sistema tiene que haber excluidos, necesariamente, y a todo nivel; entre hemisferios, países, regiones y hasta entre familias. La burguesía mundial, para mantener su estatus quo, nos ha convencido de que la forma menos mala de gobernar es la PSEUDODEMOCRACIA disfrazado de “democracia”.
En el Perú, de acuerdo al SISFHO, sumando la población extremadamente pobre con los pobres y los no pobres de la clase baja, sin contar la clase media, sobradamente supera el 60%. Si el sistema de gobierno democrático es el gobierno de las mayorías, entonces en este país deberían estar gobernando los pobres, nunca lo hicieron, por lo tanto no es una democracia auténtica.
Nuevamente recurriendo a las definiciones. En el Perú, desde su independencia hasta hoy, se está imponiendo una PSEUDODEMOCRACIA, periódicamente interrumpidos por gobiernos de facto. El problema es que la pseudodemocracia, finalmente, sustituye a la verdadera democracia y, en vez de una auténtica participación, nos han acostumbrado y conformado con una pseudoparticipación. Algunos lo llaman la DES-DEMOCRATIZACIÓN. Yo digo que estamos en una des-pseudodemocratización. Este fatídico proceso de des-democratización se dio y se está dando de varias formas, ejemplo un botón: con el sometimiento socio-económico del Perú (actualmente, sin disparar una bala) con la des-culturalización,  la desnacionalización, y con la imbecilización, por un lado; por otro, la implantación de fatídicos gobiernos “progresistas”, y, por último, la manipulación descarada del sistema electoral, en todos ellos de la mano de un ardid estratégico de la derecha empresarial nacional con intromisión de las empresas transnacionales, de lobistas chilenos, de la CIA norteamericana, entre otros. Un macabro plan de sometimiento, bien estudiado de acuerdo a la idiosincrasia del peruano, vivir de la materia prima y en autoritarismo. Con mayor incidencia se está dando desde que se implantó el fujimorismo, validado con la Constitución del 93,  hasta hoy:
La principal forma de des-democratización viene, de la infeliz gestión de gobiernos “progresistas”. La trampa tuvo y tiene que ver con los gobiernos disfrazados de soberanía y de equidad, como si fueran democracias de centro o de izquierda moderada. Tuvo y tiene un doble efecto en detrimento de la evolución gobernativa del Perú:
  • En nuestro país el “estatus quo” inamovible de la burguesía se ha asegurado por medio de políticas “progresistas” vestidas con los colores del centro, más, la izquierda. “Una derecha barnizada de izquierda” y decorada con la palabra “Democracia” El efecto fatídico de estos “gobiernos de turno”, APRA 85, IU Barrantes, Nacionalista Ollanta, Villarán, es que generaron la idea de que las democracias del ala izquierdista terminan de empobrecer a todos, a pequeñas y medianas empresas, a emprendimientos en desarrollo, a los propios trabajadores y a la clase media. Esto porque intentan paliar la pobreza a base de voluminosos gastos de asistencialismo y haciendo abuso de la carga impositiva mientras se abren a las inversiones extranjeras y a la venta de divisas de la zona. Tales malas gestiones, mediáticamente apoyadas por la prensa paramentada y comprada, nos ofrecen una imagen de inoperancia y de servilismo, y nos hacen creer que la salvación, única alternativa, es la inversión extranjera, nadie más.
  • Una vez debilitado los “gobiernos populistas” llega el momento de instituir el sistema pseudodemocrático, con disfraz de democracia Para sentar el éxito se necesitaba de un complemento, la seguridad jurídica; por lo que, promovieron un autogolpe a la “frágil democracia” en 1992 e instalaron una Asamblea Constituyente y, mediante ella, en 1993 diseñaron una Constitución Política a su medida, y que, permite el sometimiento socio-económico con la desculturalización, la desnacionalización y con la imbecilización de los peruanos, también esta Constitución protege descaradamente a la gran empresa mal habida, cuyos contratos con el estado tienen categoría de tratado internacional, por encima de la propia constitución. El colmo de la conchudez es que diseñaron un sistema electoral, en esta si con apoyo de la CIA, lobistas, entre otros agentes, de tal manera que la mayoría de los legisladores electos sean adeptos a ellos, siempre sean mayoría, y que los candidatos que lleguen a la segunda vuelta electoral, designados y financiados descaradamente por la burguesía, como estamos “imbecilizados” nos obligan ir a las urnas y a elegir a uno, a cualquiera por que son de ellos, caso contrario nos sancionan con multas y suspensión de otros derechos. Si estuviéramos en una verdadera democracia no estaríamos obligados a ser elegido o a elegir, este proceso es voluntario, sin embargo en el Perú nos obligan, bajo sanción y multas, a depositar un voto en una ánfora, por eso es una pseudodemocracia con disfraz de democracia.
  • Implantado ya el sistema pseudodemocrático, con disfraz de democracia, el Perú se vio obligado a "concentrar" las proposiciones del poder empresarial y financiero y que baila al ritmo del sistema globalizador. Los poderes del estado  poco o nada hacen participar al estado en los medios de producción, constantemente estrenan leyes proteccionistas para el comercio internacional promovieron la arrolladora inversión extrajera sin formas de resguardo a la economía y al medioambiente de las regiones. Están ejecutando, con éxito, un malévolo plan de saquear el Perú. Previo a ello debilitaron las organizaciones sociales, mediante Currículos educativas orientadas a la des-nacionalización (no existe el amor a la patria) y la des-humanización del hombre, la corrupción institucionalizada, Los servicios de inteligencia se infiltraron y se adueñaron de los partidos de izquierda, de los sindicatos (SUTEP con algunos profesores de “educación física”), desplazando a los verdaderos dirigentes o eliminándolos hasta físicamente, o satanizándolos como subversivos. Luego potenciaron al máximo el aparato represivo (fuerzas armadas y policiales) para ser defendidos de las protestas del pueblo. 
A finales del milenio anterior y principios del presente, las ventas a precio “ganga” de las empresas estatales y la elevación del precio de los metales el Perú tuvo la suerte de un crecimiento económico, a nivel macro, que generó buenas divisas, sin embargo, el poder empresarial, más las transnacionales, tales divisas se las están llevando en “paila”, a vista y paciencia del pueblo. La desculturalización, la desnacionalización y la imbecilización están surtiendo efecto:
El Perú viene recibiendo, constantemente, agresiones de la internacional derecha capitalista, que siempre cuenta con vende patrias y el Perú no se escapa de ellos. En este caso, es el Gobierno de PPK. Si observamos, cómo utilizan a la tecnología para deshumanizar al hombre. Es muy triste ver a los niños, a los jóvenes y hasta algunos adultos, con la cabeza hacia abajo, observando el Chat de su celular, donde quizás se esté comunicando con la persona que está a su lado. En las aulas, en horas del recreo, los chicos hacen silencio y hay "orden", debido a su ensimismamiento con el chat, que mantienen activado por debajo del banco o la mesa, que le sirve de pupitre. Hacen evaluaciones escritas ayudadas con grabaciones de voz o texto desde los celulares y en general, los docentes están extrañando los bullicios de los recreos, debido a que sus alumnos, están convertidos en robots humanos que, por supuesto, no causan problemas de conducta si los dejamos vivir en su mundo virtual. Si los interrumpimos sus reacciones son imprevisibles. Están destruyendo, poco a poco, la moral de los peruanos, especialmente de quienes se avocan a restaurar, día tras día, la cultura y al arte, que fueron ya muy desvalorizados por los tres últimos gobiernos.
Así, la derecha representada por PPK y siguiendo las costumbres del capitalismo mundial, que mira a las personas como si fueran bienes que producen ganancias, provoca un acto de  desculturalización  insoportable y agraviante, para quienes nos tomamos en serio al arte y la cultura. Dentro de un nuevo siglo donde la comunicación de masas pareciera ser lo más importante es paradójico que vivimos dentro de una sociedad con innumerables problemas de comunicación, y se a esto le adjuntamos la patética televisión de hoy, televisión basura, la cual carece de cultura general e intelecto, nuca podremos resolver este gran problema adelante. Porque es sostenido legalmente por la derecha burguesa
Dentro de nuestra opinión esto programas, no tendrían ni que tener lugar en la televisión de hoy, ya que los mismos como dijimos antes carecen de muchos cosas, tendrían que aprovechar esos espacios para programaciones que verdaderamente tengan algo que decir a la sociedad, a nuestros hijos ya que ellos son lo que más se ven perjudicados por estas programaciones basura.
Si el pueblo continúa con ese letargo, en poco tiempo, ya no habrá nada que hacer, las arcas estarán vacías, entonces para lavarse la cara promoverán nuevamente gobiernos golpistas o populistas de izquierda a quienes les echarán la culpa de todo, y estarán listos para volver nuevamente. Porque son los dueños del Perú.

¿Pero dejaremos que eso ocurra? ¿O comenzaremos a actuar, poniendo límites, para el uso de tantos juguetes electrónicos que invaden nuestra vida y destruyen la sociedad, la solidaridad, la comunicación y el contacto físico con los seres humanos? ¿Seguiremos consumiendo la televisión basura para sentirnos cada vez menos valorizados? ¿Recuperaremos la capacidad de pensar por nosotros mismos? ¿Seremos capaces de volver a mirarnos a los ojos?  ¿Dejaremos que nuestros niños usen como quieran la tecnología  o les enseñaremos a usarla o a hacer  un barrilete? Por ahora, las bicicletas se oxidan en el patio trasero. Los niños no saben el color de ojos que tienen sus tíos, ni cómo estaba vestida su hermana, cuando salió de casa. ¿Seremos capaces de torcerle el brazo a este capitalismo criminal y salvaje, que se instaló en nuestros hogares? Presiento que si no actuamos hoy, mañana será tarde. ¡Hagámosle un paro general al neoliberalismo e intentemos salvarnos! ¿Te animas?  URGENTE LA REFORMA DE NUESTRA CONSTITUCIÓN. La Constitución del 93 defiende a una PSEUDODEMOCRACIA. que promueve la Corrupción y y hace del hombre menos humano.  !NO A LA INVERSIÓN DE LAS CANDIDATURAS! ¡VOTO VOLUNTARIO, AHORA!.

viernes, 24 de marzo de 2017

LOS NUEVOS DECRETOS LEGISLATIVOS: A LOS FUNCIONARIOS QUE TOMEN DECISIONES CON LAS APP SE LES OTORGA LA INIMPUTABILIDAD


Foto: Andina / Arreglos: Donofré Chuco
Decretos Legislativos, Asociaciones Público Privadas y los incentivos para mayor corrupción

Por Luis Hallazi*
27 de febrero, 2017.- En un artículo anterior analizamos la continuidad de un gobierno a otro de la política legislativa de “reactivación económica” que vulnera derechos sociales y ambientales.(1) Una de las conclusiones demuestra cómo los denominados “paquetazos” normativos del gobierno de Humala, que flexibilizaron los estándares sociales y ambientales, están estrechamente relacionados con varios de los nuevos decretos legislativos aprobados por el actual gobierno y que, en conjunto, apuntan a agudizar las reformas estructurales de los noventa, volviendo a relajar el marco normativo de la inversión privada ahora focalizada, en relanzar el modelo de las Asociaciones Público Privadas (APP) y en establecer nuevas reglas para el acceso y uso de la tierra.
Para que estas reformas tengan cierta legitimidad hay que atender a los argumentos que se construyen desde una élite económica que cuentan con un claro apoyo de los medios de comunicación; para ello solo hay que recordar que la desaceleración económica de inicios del 2013 producto de la depreciación de materias primas, rápidamente se convirtió en la principal razón para establecer nuevas reformas reactivadoras que se tradujeron en normas como la Ley 30230(2).
Hoy la situación es más delicada, ya sabemos que aquellos paquetes normativos para reactivar la económica no han funcionado como se pensaba, por lo que relajar controles para destrabar proyectos y promocionar la inversión no fue una buena decisión; sin embargo, se vuelven a dictar normas en esa misma dirección. Además, hay un nuevo elemento que cuestiona de forma radical los últimos 25 años de modelo de desarrollo económico, relacionado con la corrupción descubierta tanto en las altas esferas del poder político como en las altas esferas corporativas que, sin duda, han tenido un efecto cascada. Pero la corrupción no solo tiene que ver con coimas a funcionarios, sino también con las acciones que éstos toman u omiten en el Estado a cambio de esas coimas (delito de cohecho). Entonces una enorme duda se sienta en muchas de las normas jurídicas que se crean, modifican o derogan, más aún si esos cambios normativos tienen como objetivo flexibilizar los procesos de inversión privada.
Es en este contexto que aparecen los 112 Decretos Legislativos de Pedro Pablo Kuczynski que no están siendo leídos desde la actual coyuntura, en vista que varios de esos decretos constituyen el perfeccionamiento de prácticas legislativas destinadas a seguir debilitando el marco de protección de derechos fundamentales, las normas mínimas de control y rendición de cuentas, dejando desprovisto al mismo Estado para defenderse y combatir la corrupción interna(3); lo que se traduce finalmente en el debilitamiento de la frágil institucionalidad estatal. La corrupción en nuestro país es problema complejo, de ribetes históricos y culturales, pero no podemos dejar de analizar estos últimos años sin mirar nuestro modelo económico. 
Nuevos incentivos a la inversión privada y las APP
Si hay que remitirnos a un momento clave para entender el proceso “evolutivo” de la inversión privada del Perú, hay que retrotraernos a las grandes reformas de la década de los noventa, cuando se configura de manera agresiva un proceso de promoción de la inversión privada, cuyos objetivos se van cumpliendo con las privatizaciones de empresas públicas y la concesión de servicios públicos en todo el país. En ese entonces el gobierno de Fujimori dictó una serie de Decretos Legislativos entre ellos el D.L.757, Ley Marco para Crecimiento de la Inversión Privada(4); todas estas reformas se consolidan en el capítulo del régimen económico de la Constitución Política de 1993, estableciendo principios como el rol subsidiario del Estado (art.60) o la posibilidad y libertad de suscribir convenios de estabilidad entre los inversionistas privados y el Estado (art.62); estas reformas sientan las bases de nuestro modelo actual que prioriza a las inversiones como fin del Estado en sí mismo.
En adelante, hubo una política definida para promover constantemente las inversiones privadas, que tienen un hito importante en el denominado “auge de las concesiones” el que contó con incentivos normativos como el D. L. 839, Ley de Promoción de la Inversión Privada en Obras Públicas de Infraestructura y de Servicios Públicos, creándose también la Comisión de Promoción de Concesiones Privadas. Este modelo fue propalado en todos los sectores y a todo nivel del Estado, sin una revisión constante sobre el rol y función que cumplían los órganos de control y las instituciones encargadas de realizar la rendición de cuentas. Lo que fue generando cuestionamientos cada vez más serios en el manejo de las licitaciones, por su poca transparencia y porque el sistema normativo desregulaba constantemente los procesos para hacerse con una concesión, abriendo paso cada vez más a otros incentivos algunos no normados y muchos otros ilegales. El resultado es la elevada conflictividad en los territorios concesionados (5) y una corrupción generalizada en los diferentes niveles del Estado, donde a muchos funcionarios les cuesta distinguir el patrimonio público del privado.
Estas normas buscan reducir obstáculos a las inversiones, que implica reducir estándares ambientales y, por otro lado, generar las condiciones que faciliten el acceso de la inversión privada a tierras comunales.

El final del superciclo de los altos precios de las materias primas, generó nuevas condiciones para volver a viejas reformas y agudizar el modelo de promoción de inversiones, es una de las razones por las que se dictan los denominados paquetazos ambientales y antiindígenas (Ley 30230, Ley 30327, D.S.001-2015- EM, D.L. l192 y 1210). Estas normas buscan reducir obstáculos a las inversiones, que implica reducir estándares ambientales y, por otro lado, generar las condiciones que faciliten el acceso de la inversión privada a tierras comunales.
Al mismo tiempo se van tejiendo cambios en el modelo de APP, buscando relanzar esta fórmula para incentivar la inversión privada en la construcción de obras de infraestructura y servicios públicos, sin un debate político y técnico de por medio, puesto que se trata de recursos públicos ahorrados por el Estado, que ahora serán invertidos bajo esta modalidad. En ese sentido el D.L.1224(6) posibilita integrar en un solo cuerpo legal varias normas relacionadas a concesiones y modifica la antigua ley de APP de 2008, a la vez que incorpora grandes cambios en los principios, fases y procedimientos que actualmente están siendo objeto de múltiples cuestionamientos(7).
Volvemos al gobierno actual con 112 D.L., 65 de los cuales están relacionados a reactivación económica. En cuanto a materia de tierras está el D.L.1330 que vuelve a flexibilizar el D.L. 1192, Ley Marco de Adquisiciones y Expropiaciones para obras de Infraestructura; y quizás el más cuestionado, el D.L. 1333, que crea un Proyecto Especial dentro de Proinversión para Acceder a Predios para Proyectos de Inversión Priorizados (APIP) con funciones que exceden las facultades otorgadas y con serios vicios de inconstitucionalidad. Por otro lado, el D.L. 1251[8] vuelve a flexibilizar el ya modificado D.L.1224, Ley Marco de Promoción de las Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas, donde las APP autofinanciadas se eximen de contar con la opinión previa de organismos reguladores; se eximen también de estudios técnicos y económico-financieros (art. 16); además se modifica su composición del Consejo Directivo poniendo a 3 miembros del sector privado de 6 en total, se otorgan seguros de responsabilidad a los funcionarios para la toma de decisiones, y en algunos casos se les otorga la inimputabilidad; se quitan los análisis integrales del impacto económico y social de las APP. Sumándole a ello, el nuevo D.L.1353 que crea una Autoridad de Transparencia que constituye un retroceso en la materia en vista que ahora le da potestad a cada entidad para decidir sobre la confidencialidad y secreto de información y fijar plazos unilateralmente.  
Finalmente, podemos resumir, al menos en tres puntos, lo mencionado:
1. Los decretos legislativos son una forma de evadir los controles legislativos y han sido a lo largo de estos 25 años la principal estrategia para agudizar un modelo que flexibiliza los controles a la inversión privada, limitando la deliberación y participación de la sociedad civil.
2. Los decretos legislativos del gobierno actual como D.L.1333, D.L.1330, D.L. 1251, D.L. 1353, buscan seguir flexibilizando los mecanismos de inversión privada en una coyuntura que exige fortalecer los controles internos del Estado y la oportunidad para realizar otro un tipo de reformas que intenten corregir este mal endémico que es la corrupción.
3. Es necesario revisar e identificar las normas jurídicas que constituyen la otra parte de la corrupción de funcionarios; hay leyes, decretos legislativos y supremos, resoluciones ministeriales o adendas que tienen el nombre propio de un inversionista; de la misma forma es necesario aclarar ese espacio nebuloso de las llamadas “puertas giratorias” donde tecnócratas van y viene de lo público a lo privado sin rendir cuentas a nadie, muchas veces cambiado sistemáticamente el marco normativo en función de intereses privados; agudizando esa raíz patrimonialista de beneficiarse de lo público como la característica principal de la corrupción peruana.    
Notas: 
(3) De 112 normas solo se dictaron 9 normas en el tema de corrupción y fueron pensadas antes de que se desate los escándalos más serios en el caso Odebrecht.
(4) Además de dictaron otros Decreto Legislativo como el D.L. N° 662 de 1991, Ley del Régimen de Estabilidad Jurídica a la Inversión Extranjera mediante el reconocimiento de ciertas garantías; el D.L. N° 662 Ley del Régimen de Estabilidad Jurídica a la Inversión Extranjera mediante el reconocimiento de ciertas garantías; D.L. N° 674 Ley de Promoción de la Inversión Privada de las Empresas del Estado; D. L. N° 758 para la promoción de las inversiones privadas en la infraestructura de servicios públicos, etc.         
(5) El 49.6% de los territorios en total de las comunidades tiene superposiciones de concesiones mineras, por otro lado el 31% de la amazonia tiene concesiones petroleras.
(6) La Defensoría del Pueblo ha presentado un proyecto de ley para derogar en parte el D.L 1224. Nota de Comunicación: http://www.defensoria.gob.pe/portal-noticias.php?n=17391
(8) Llama la atención que desde marzo de 2016, la OCDE reconoce oficialmente a Perú como un adherente a la Recomendación del Consejo sobre Principios para Gobernanza Pública de